Los rectores le han traslado al ministro su preocupación por el Decreto aprobado por el Gobierno, el pasado viernes 20 de abril, así como por las declaraciones en torno a la labor desempeñada por las universidades, que son un elemento clave para el desarrollo de nuestro país. Asimismo, han lamentado que no se haya contado con las universidades antes de la aprobación de estas medidas.

Ante la actual coyuntura económica, se debe garantizar, ahora más que nunca, una educación superior pública accesible para todos los ciudadanos, independientemente de sus recursos económicos. Por este motivo, se considera que, para que esta política de precios públicos se ponga en funcionamiento, deben cumplirse previamente las siguientes condiciones: implantación de un buen sistema de becas y ayudas al estudio, que funcione correctamente y cumpla criterios de equidad; y que el incremento de los precios públicos en segundas y sucesivas matrículas, que recoge el Real Decreto-ley, se lleve a cabo de forma progresiva en el tiempo. En este sentido, el Ministerio ha manifestado que todos los estudiantes que cumplan con los requisitos para obtener una beca, tendrán derecho a recibirla.

Profesorado

El profesorado, que también se ve afectado por las últimas medidas, ve cómo se le reduce las condiciones laborales y se le modifica unilateralmente el régimen de dedicación. No hay discusión alguna sobre la importancia de la evaluación de la investigación, pero cabe señalar que esta evaluación ha sido hasta ahora, y sigue siendo, voluntaria por parte de cada profesor, y no tiene como objetivo discernir si se investiga o no, sino establecer únicamente el nivel. Conviene recordar que los procesos de evaluación han tenido una contestación importante en algunos campos científicos, con resultados muy dispares. Asimismo, cabe remarcar que estas medidas aprobadas por el Gobierno no tienen en cuenta la dedicación de este colectivo a las funciones de gestión administrativa y la transferencia del conocimiento. Esta última función es imprescindible para la transmisión del conocimiento científico y tecnológico generado en las universidades al tejido social y productivo.

El Ministerio ha transmitido a los rectores que se están desarrollando reglamentariamente las dedicaciones del profesorado y ha solicitado a la presidencia de la CRUE las sugerencias pertinentes para la mejora del texto, en lo relativo a los tramos de investigación, transferencia y actividades de gestión académica y científica.

Rectores andaluces

Por otra parte, los rectores de las Universidades Públicas Andaluzas, reunidos hoy en la Universidad de Sevilla, han emitido también un comunicado en el que rechazan el real decreto ley publicado el pasado fin de semana por el Gobierno de España, relativo al aumento de tasas de matrícula, al régimen de dedicación del profesorado y al procedimiento de creación, modificación y supresión de centros y títulos de enseñanzas universitarias.

Los rectores andaluces han analizado el impacto y las consecuencias de dichas medidas en el sistema universitario de nuestra comunidad. El rechazo a dicho real decreto contempla tanto la forma en la que se ha elaborado la norma ­­-sin ningún contacto previo con las Universidades ni con sus legítimos representantes- como el fondo, ya que los cambios legales afectan sustancialmente al modelo de universidad pública.

Consideran los rectores de las Universidades Andaluzas que el incremento general de las tasas matrículas, sin una política adecuada de becas, supone un cambio profundo en el concepto de universidad pública, en la que debe primar el principio de igualdad de oportunidades previsto tanto en la exposición de motivos como en el articulado de la propia Ley Orgánica de Universidades.



Respecto a la dedicación del profesorado a tareas docentes y de investigación, la rectores andaluces han mostrado su rechazo a que sea el “sexenio”, que mide fundamentalmente la publicación en revistas internacionales, el único indicador para valorar la dedicación a la investigación, dada la pluralidad de ramas de conocimiento y la diversidad de actividades (gestión, proyectos, patentes, transferencia…) asociadas a la investigación.



Durante la reunión de esta mañana los rectores de las Universidades Públicas de Andalucía han analizado las consecuencias que las medidas tendrán en el sistema universitario andaluz. En este sentido, han acordado el establecimiento de criterios comunes para la aplicación de las nuevas medidas legales en las universidades públicas andaluzas.




Asimismo, los rectores de las Universidades Andaluzas han decidido reclamar a la Junta de Andalucía que mantenga el esfuerzo presupuestario en Educación Superior e Investigación.