Los rectores reclaman al Gobierno el fin de las medidas de austeridad en las universidades
Los responsables de instituciones académicas públicas y privadas han dado lectura de forma simultánea a un manifiesto
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Los rectores de las universidades españolas han hecho público un manifiesto en el que reclaman al Gobierno central el fin de las medidas de austeridad aplicadas por Real Decreto en 2012 “de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, así como la recuperación del “sentido de las becas y ayudas como garantes de la equidad”, más presupuesto para investigación y unos precios públicos de matriculación más accesibles.
El documento, difundido por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), ha sido leído de forma simultánea en 50 universidades públicas y 25 privadas de toda España. Su difusión fue acordada por el pasado 25 de abril, en el marco de una reunión de la Asamblea General de la CRUE.
La rectora de la UMA, Adelaida de la Calle, ha comparecido en el Rectorado arropada por miembros del equipo de gobierno, decanos, profesores y representantes sindicales y estudiantiles. El primer punto del comunicado introduce el malestar de los rectores aludiendo a que se han cumplido ya dos años de la aprobación del Real Decreto. Prosigue diciendo que las medidas que incluía –con sus consecuentes recortes en salarios, tasas de reposición, becas y precios públicos- eran excepcionales, “Ante las afirmaciones de una perspectiva de mejoría económica en España, pedimos la supresión de las que vayan más allá de un ahorro racional y una gestión eficiente y austera, en el marco de los criterios presupuestarios que se fijen”, manifiestan los rectores.
“La universidad española, como toda la universidad europea, afronta necesidades de adaptación de su sistema a una realidad social y económica que exige una modernización de sus estructuras y funcionamiento. Para poder abordarla, es necesaria la búsqueda de un amplio consenso social y político que debe empezar forzosamente por la recuperación de la normalidad en su vida académica, docente e investigadora. La consecución de estos objetivos nos implica a todos -agentes sociales, gobierno, comunidades autónomas y universidades- y es necesario conseguirlo en beneficio de la sociedad española, concluye el comunicado.