El Claustro de la Universidad de Málaga, máximo órgano de gobierno de la institución, se ha reunido hoy en la recién estrenada Facultad de Psicología y Logopedia para abordar un orden del día que ha incluido, entre otras cuestiones, varios informes -defensor universitario, comité de garantía del código ético y plan estratégico institucional-, así como datos relativos al plan de ahorro y eficiencia energética y el nombramiento de tres nuevos doctores honoris causa.

La sesión ha estado presidida por el vicerrector de Estudios de la UMA, Ernesto Pimentel, dado que José Ángel Narváez no ha podido acudir. Por tanto, Pimentel ha sido el encargado de leer el informe del rector, centrado entre otros aspectos, en cuestiones de normativa nacional y autonómica, financiación y actuaciones de política universitaria.

La situación económica ha sobrevolado hoy muchas intervenciones, incluida la del informe introductorio. A la incertidumbre generada por la financiación y el incremento de los costes de recursos de primera necesidad –como la electricidad- el rector ha querido destacar, “por estar muy relacionado con la situación económica en la que se encuentra la Universidad de Málaga, la decidida apuesta durante estos últimos siete años por la inversión en el capital humano, en su estabilización y en su promoción profesional, y por la construcción de nuevos edificios universitarios, como corresponde a una institución joven, en crecimiento, que quiere dar respuesta a los desafíos y a los retos del entorno socioeconómico en el que se encuentra, y que deben ser factores que tiene que contemplar cualquier plan de financiación serio y riguroso de las universidades”.

PDI y PAS
En este sentido, ha recordado que desde 2016 hasta 2022 se han convocado un total de 1.372 plazas de profesorado universitario, destinadas a la estabilización en el empleo, que, desglosadas por categorías, son las siguientes: 662 de profesor ayudante doctor; 127 de profesor contratado doctor; 375 de profesor titular y 208 de catedrático de Universidad.

Por lo que se refiere al Personal de Administración y Servicios (PAS), el número de empleados públicos ha evolucionado desde los 1.264 efectivos a 31 de diciembre de 2016 hasta los 1.449 en la actualidad, lo que supone un incremento que se sitúa por encima del 14 por ciento.

Ayudas para investigación
También destaca el informe la importante inyección económica recibida en materia de investigación, con 5,8 millones de euros aportados en ayudas ‘Margarita Salas’ y ‘María Zambrano’ para 68 plazas; 6,4 millones de euros de financiación para proyectos de investigación de la convocatoria 2021 del Plan Nacional -casi 800.000 euros más que en la edición anterior-; 6 contratos para la incorporación de jóvenes investigadores como Personal Técnico de Apoyo; 4,5 millones de euros del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 para el impulso de proyectos orientados a la transición ecológica y digital; 8 nuevos contratos del programa ‘Juan de la Cierva’; 3,5 millones del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020); y ayudas del Programa de Fortalecimiento de los Institutos Universitarios.

Estos datos avalan la producción investigadora de la UMA y es uno de los argumentos que utiliza la institución para pedir un reparto de fondos públicos acorde con la producción y la singularidad de cada universidad, un aspecto que no está reconocido en el modelo de financiación de las universidades andaluzas.

Suficiencia financiera
“Es fundamental garantizar la suficiencia financiera, para que las universidades podamos asegurar los servicios esenciales de la docencia y la investigación, pero es necesario también incrementar la competitividad de las universidades y dar certidumbre a la viabilidad de las universidades andaluzas, porque los recursos son insuficientes y la mayoría de las universidades vamos a incurrir en déficit, lo que sin duda afectará a nuestras expectativas de futuro y a nuestro crecimiento”, añade Narváez en el informe presentado al Claustro.

Ha concluido este apartado del informe diciendo: “Es evidente que estamos en una situación económica adversa, que nuestras previsiones presupuestarias se han visto desbordadas, fundamentalmente, como consecuencia del incremento de los precios de la energía eléctrica, que casi se han triplicado, y es necesario que se adopten medidas para compensar esos gastos extraordinarios, que no pueden ser suplidas con medidas destinadas al ahorro, que, sin duda, son importantes, pero no determinantes”. En este sentido, Pimentel se ha mostrado partidario de convertir “las dificultades en oportunidades”.

Por lo que se refiere a la próxima Ley de Universidades, el informe señala que el proyecto de Ley presentado por el ministro Subirats “no contenta a nadie, y menos a la comunidad universitaria, que en general considera innecesario este cambio normativo y, sobre todo, no viene a modificar significativamente el sistema universitario español ni la proyección nacional o internacional de nuestras universidades”.

Plan de ahorro y eficiencia energética
La vicerrectora de Smart-Campus, Raquel Barco, ha sido la encargada de exponer el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Universidad, marcado por el preocupante incremento de las tarifas eléctricas, con el que la UMA prevé un sobrecoste económico de un 113%, lo que implicaría un desembolso de casi cinco millones de euros más por el mismo consumo.

Tirando de datos, la vicerrectora ha explicado que en 2019 se abonaron 4,2 millones de euros, cifra que se elevará este año hasta los 9,1 millones de euros por un consumo similar. Y eso que la Universidad está adscrita a la Red de Energía de la Junta de Andalucía, que es el instrumento destinado a impulsar dentro de la administración andaluza principios de eficiencia en la contratación de suministros energéticos.

Para frenar el incremento de gasto, la UMA puso en práctica en octubre un plan de medidas urgentes para propiciar el ahorro energético en las instalaciones y equipos técnicos e informáticos. El objetivo no es otro que conducir a un uso racional de los recursos, para lo que se dispone, por poner algunos ejemplos, el apagado de los aparatos de refrigeración o calefacción -salvo en lugares en los que sean necesarios-; el apagado de luces o iluminación en los que se garantice la visión adecuada con luz natural; o el apagado de equipos informáticos cuando no estén en uso.

Aún es pronto para valorar el resultado de estas medidas, pero solo en octubre y noviembre se ha comprobado un ahorro energético de un 5,7 el primer mes y de un 9,9 por ciento el segundo, lo que ha posibilitado un ahorro económico de 16.554 euros en octubre y de 55.389 en noviembre.

Otros informes
De otro lado, el vicerrector de Desarrollo Estatutario y Proyección Estratégica, Gaspar Garrote, ha expuesto ante el Claustro la evaluación del Plan Estratégico Institucional, mientras que el presidente del comité de garantía del código ético, Antonio Heredia, ha hecho lo propio con los datos derivados del trabajo de este órgano.

En otro de los puntos del orden del día, el defensor universitario, Manuel Montalbán, ha expuesto su informe anual. Este pasado curso han bajado las quejas y las consultas recibidas por esta oficina, que en 2020 se incrementaron como consecuencia de la pandemia y del cambio a la enseñanza bimodal.

Montalbán ha señalado que en el curso 2021-22 se recibieron 97 quejas y ocho peticiones de mediación. La mayor parte de ellas procedieron de los estudiantes (81); 9 son del PAS y 6 de profesores e investigadores, mientras que la última no se corresponde con miembros unipersonales de la comunidad universitaria. La mayoría de estas quejas están relacionadas con las evaluaciones en los grados.

En su balance, el defensor universitario ha demandado una mejora en la redacción de las guías docentes para que recojan claramente los métodos de evaluación, ya que muchos alumnos se ven afectados por esta carencia, especialmente los estudiantes de Movilidad. También ha pedido que el Plan de Ordenación Docente recoja la obligatoriedad del uso del campus virtual. También ha sugerido la actualización de las páginas web de centros y departamentos, para que incluyan la información actualizada necesaria para sus usuarios.

Por, último, antes de las intervenciones de los grupos claustrales, se ha pronunciado favorablemente sobre la propuesta de nombramiento de tres nuevos doctores honoris causa:

-    Andrea Goldsmith, a propuesta de la ETSI de Telecomunicación.
-    Alejandro Portes, a propuesta del Departamento de Sociología de la Facultad de Económicas y Empresariales
-    Luis Enrique de la Villa Gil (Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo).